Compra de acciones de Bankia (OPA): demandar o no demandar

En los últimos años, la banca (y sus considerados abusos) han dado mucho que hablar en los tribunales: swaps, cláusulas suelo, preferentes, intereses moratorios desorbitados… El otro día me preguntaba un compañero si valdría la pena interponer una demanda para declarar la nulidad de una compra de acciones de Bankia que había realizado un familiar suyo de avanzada edad. 

A diferencia de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas, por poner un ejemplo, el funcionamiento y riesgos inherentes a la compra de acciones que cotizan en Bolsa se consideran de conocimiento común. Por esta razón, y con independencia de si los resultados ofrecidos en el momento de su estreno en el Parquet eran o no reales, que una demanda de estas características prospere en este momento será bastante difícil. 

Algunos (pocos) lo han intentado y, según mis averiguaciones, solamente ha habido un caso (en Ávila) donde el juez consideró probada la existencia de error en el consentimiento por parte del comprador al haber confiado éste en la información pública (falsa) facilitada por la entidad con carácter previo a su salida a Bolsa.

En otros casos, por ejemplo en Valencia, la estimación de la nulidad de la compra ha venida dada más por las circunstancias personales del comprador (sufría una afectación psíquica importante en el momento de adquirir los títulos). En este tipo de casos, cabría instar la nulidad por falta de consentimiento no sólo en casos de compra de acciones sino de cualquier otro producto bancario. 

Por contra, un juzgado de la localidad de Riberia consideró hecho notorio el funcionamiento del mercado de valores y sus oscilaciones, motivo por el cual desestimó la demanda que solicitaba la nulidad de la compra. En este último caso, la sentencia no especifica cuándo se compraron los títulos, lo cual es clave puesto que, en mi opinión, solamente cabe la anulabilidad de la compra (por error en el consentimiento o dolo, si se acaba probando en sede penal) si ésta se materializó con la salida. Es decir, cualquier compra efectuada con posterioridad a la OPV no sería susceptible de anulación por el conocimiento de los riesgos que tiene el público en general.

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